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- El modelo prohibicionista australiano de vaporizadores, basado en acceso solo por prescripción y acompañado de impuestos al tabaco muy elevados, ha creado un mercado ilícito próspero, restringido el acceso de adultos a alternativas de reducción de daños y debilitado la eficacia de sus políticas de control.
- La experiencia australiana demuestra que políticas excesivamente restrictivas, lejos de proteger la salud pública, generan efectos no deseados como incremento del comercio ilegal, dificultades de acceso a tratamientos de reducción de daños y mayores desigualdades sociales.
- América Latina debe aprender de este caso: reemplazar la lógica punitiva y prohibicionista por marcos regulatorios integrales, basados en evidencia científica y en la protección equilibrada de la salud pública, los derechos de los consumidores adultos y la justicia social.
Australia ha optado por uno de los marcos regulatorios más restrictivos del mundo en materia de vaporizadores con nicotina. Desde el 1 de octubre de 2021, la nicotina líquida solo puede adquirirse con receta médica, dispensada en farmacias o a través de importaciones bajo supervisión estricta. La venta en tiendas de vapeo, estancos o cualquier otro canal minorista está prohibida (Mendelsohn, 2022). En la práctica, esto convirtió un producto de consumo para adultos en un medicamento, sometiendo su acceso a la burocracia sanitaria y a la disponibilidad de médicos dispuestos a recetar, lo cual ha resultado ser una barrera casi insalvable para la mayoría de fumadores adultos. Aunque en 2024 el modelo se flexibilizó parcialmente para permitir la venta en farmacias sin receta, el acceso continúa mediado por un marco sanitario y no de consumo en el contexto del australia vapeo.
El discurso oficial ha justificado estas medidas bajo el argumento de proteger a los jóvenes y garantizar el uso del vapeo exclusivamente como herramienta médica para dejar de fumar. Sin embargo, esta clasificación terapéutica contrasta con la experiencia de otros países que lo han regulado como producto de consumo adulto, bajo controles de edad, normas de calidad y restricciones publicitarias. La decisión australiana refuerza una visión prohibicionista: restringir, medicalizar y castigar, en lugar de habilitar entornos regulados donde los adultos puedan acceder a alternativas de menor riesgo (Mendelsohn, 2022; Grier, 2020).
En paralelo, Australia mantiene una política agresiva de impuestos al tabaco. Es uno de los países con los precios más altos del mundo: un paquete de cigarrillos puede costar entre 40 y 50 dólares australianos tras años de incrementos anuales por encima de la inflación, bajo la lógica de que los precios altos son un desincentivo al consumo (Scollo & Bayly, 2023). Esta estrategia de “impuestos al máximo” se ha sostenido como pilar del control del tabaco, aun cuando las evidencias muestran efectos colaterales como el crecimiento del comercio ilícito y la presión económica sobre los fumadores de bajos ingresos. De este modo, el modelo australiano combina dos pilares: prohibición y medicalización del vapeo, junto con impuestos crecientes sobre el tabaco combustible.
Impactos negativos de las regulaciones y de los altos impuestos en Australia
El modelo australiano de regulación del vapeo no ha cumplido con los objetivos que proclamaba. El acceso bajo prescripción médica terminó siendo un callejón sin salida para la mayoría de los fumadores adultos. Según encuestas, entre el 88 % y el 97 % de los vapeadores no cuentan con receta médica, y solo un 2 % adquiere productos de nicotina a través de farmacias, la vía preferida por el gobierno (Mendelsohn, 2022). En la práctica, los consumidores se ven forzados a recurrir al mercado ilícito, donde proliferan dispositivos desechables de baja calidad, sin controles de edad ni estándares sanitarios. Así, mientras se restringe el acceso legal, se habilita un entorno perfecto para el crecimiento del comercio ilegal y la exposición de adolescentes y adultos a productos no regulados.
El modelo también ha puesto barreras directas a la reducción de daños. La medicalización del vapeo desplaza a los fumadores de los canales regulados y les impone una lógica de control sanitario que no se aplica al tabaco combustible. Irónicamente, es más fácil comprar un paquete de cigarrillos que acceder a un dispositivo de vapeo regulado (Mendelsohn, 2022). Esto refleja un sesgo político: se penaliza el acceso a una alternativa de menor riesgo, se desalienta a los médicos a prescribir por miedo a repercusiones legales y se deja a los fumadores atrapados en un sistema que prioriza la abstinencia total antes que la reducción de riesgos (Mendelsohn, Wodak & Hall, 2023).
En paralelo, los altos impuestos al tabaco en Australia, que sitúan el precio de una cajetilla entre 40 y 50 dólares australianos, se han convertido en una política regresiva que golpea con mayor fuerza a los fumadores de bajos ingresos (Scollo & Bayly, 2023). Estudios han mostrado que estas cargas fiscales extremas han estimulado el comercio ilícito de cigarrillos, un fenómeno que ya representa más del 20 % del consumo total en el país (KPMG, 2022). La evidencia internacional sugiere que, aunque los impuestos reducen el consumo a corto plazo, también empujan a segmentos vulnerables hacia productos ilegales más baratos, socavando tanto la salud pública como la recaudación fiscal (Chaloupka et al., 2019).
En conjunto, el experimento australiano combina un círculo vicioso: altos impuestos que empujan a los fumadores hacia el mercado negro de cigarrillos y una prohibición del vapeo que los relega al mercado ilícito de dispositivos y líquidos de nicotina. La consecuencia es doble: se criminaliza al consumidor y se debilita la posibilidad de que los productos de reducción de daños sean accesibles y seguros. Esta es la paradoja del prohibicionismo: una política que dice proteger la salud pública, pero termina exponiendo a los ciudadanos a riesgos mayores, al tiempo que erosiona la confianza en las instituciones de control.
La lógica prohibicionista del modelo australiano y lecciones para América Latina
El modelo australiano ilustra de manera clara cómo la lógica prohibicionista ha colonizado también las políticas de nicotina. La idea de que es posible avanzar hacia un “mundo libre de drogas” —y, por extensión, hacia un “mundo libre de nicotina”— ha inspirado regulaciones que más que proteger la salud, terminan imponiendo barreras, criminalizando usuarios y restringiendo el acceso a alternativas de menor riesgo. En lugar de reconocer la complejidad del consumo y la utilidad de la reducción de daños, Australia eligió un camino que se aleja de la evidencia científica y se sostiene en un imaginario de control absoluto (Grier, 2020; Mendelsohn, 2022). Te puede interesar Reducción de daños en Nicotina en Colombia: resultados de la encuesta y opiniones de los consumidores
Este prohibicionismo tiene costos múltiples. En salud pública, al dificultar el acceso de los fumadores a productos menos nocivos, se perpetúa la dependencia al cigarrillo convencional y se incrementa la exposición de jóvenes y adultos a un mercado ilícito sin regulaciones. En lo económico, los gobiernos invierten crecientes recursos en controlar un comercio ilegal que siempre se adapta más rápido que las autoridades. En lo social y humano, se generan escenarios de criminalización que recaen con mayor fuerza sobre poblaciones vulnerables. Y en lo ambiental, la proliferación de desechables ilegales sin control de desecho se suma a la crisis de residuos electrónicos y plásticos. La promesa de orden y salud pública se transforma, así, en un espejismo que deja tras de sí más daños que soluciones (Mendelsohn, Wodak & Hall, 2023; Grier, 2020).
América Latina debería leer con atención estas lecciones. La región enfrenta sus propias tensiones: sistemas de salud frágiles, economías atravesadas por la informalidad y altos niveles de desigualdad. Replicar la lógica prohibicionista australiana significaría amplificar estos problemas, generando mercados ilegales aún más difíciles de controlar, criminalizando consumidores en contextos de violencia estructural y perdiendo una oportunidad histórica de reformular el control del tabaco desde una mirada de salud pública y derechos. Como señala Jacob Grier (2020), el movimiento de control del tabaco se ha vuelto tanto ideológico como científico, priorizando medidas fáciles de comunicar, aunque sus efectos prácticos resulten contraproducentes. La región necesita pensar más allá de la prohibición y avanzar hacia marcos que integren evidencia, equidad y reducción de riesgos.
Repensar el debate y la formulación de políticas públicas sobre la nicotina y el tabaco
El debate sobre la regulación del tabaco y la nicotina no puede seguir atrapado en la lógica del prohibicionismo. Las políticas que se diseñen deben partir de un diagnóstico realista: el consumo existe, persiste y se transforma. Negarlo, esconderlo bajo la alfombra de las prohibiciones o reducirlo únicamente a un asunto médico, como ocurre en Australia, solo multiplica los riesgos. Lo que se necesita es un cambio de mentalidad que reconozca la reducción de daños como parte de la salud pública y que ponga en el centro tanto a las personas usuarias como a la evidencia científica. Lee también Retroceso en la regulación del vapeo en Colombia: prohibición vía impuestos
Para América Latina, el reto es aún mayor. En contextos de desigualdad, informalidad y fragilidad institucional, trasladar esquemas de control rígidos termina por ampliar mercados ilícitos, saturar sistemas judiciales con sanciones que criminalizan la pobreza y, en el fondo, perpetuar la dependencia hacia el cigarrillo tradicional. Las políticas deben abrir espacio a la transdisciplinariedad: la salud pública, la justicia social, el desarrollo económico y la sostenibilidad ambiental deben dialogar con la ciencia y con la experiencia de las comunidades. Ese es el único camino hacia regulaciones que funcionen y que no repitan los errores de un modelo que, como vimos, fracasó en Australia.
Repensar la política de control del tabaco y la nicotina implica también revisar las metas y los enfoques que se han vuelto dogma. La reducción de tasas de tabaquismo en el mundo fue un logro, pero no puede convertirse en un techo inmóvil ni en un relato triunfalista que ignore las muertes y enfermedades que siguen ocurriendo. América Latina tiene la oportunidad de abrir un debate menos ideológico y más pragmático: cómo regular con responsabilidad, proteger a los jóvenes, ampliar el acceso de los adultos a productos de menor riesgo, y al mismo tiempo garantizar transparencia y participación. Ese es el verdadero desafío político: formular políticas públicas que respondan a la complejidad del fenómeno y no a la ilusión de un mundo libre de nicotina.
Referencias
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